Roberto Márquez

Está claro que la actitud abusiva asumida por el gobierno en el caso Leopoldo Fernández, es la muestra del totalitarismo obsecuente del Estado Plurinacional, frente a la democracia y los derechos humanos, que habitamos en el territorio de la nación boliviana.

El totalitarismo que ya ejerce en la práctica del gobierno de Evo Morales y García Linera, es una réplica fascista del socialismo del siglo XXI. Veamos: el fascismo Es una ideología autoritaria que exalta la idea de nación o Estado; es un movimiento "totalitario" en la medida en que aspira a intervenir en la totalidad de los aspectos de la vida del individuo.

En realidad, el fascismo surge con vocación de ir más allá de las ideologías tradicionales. Se caracteriza por ser antidemocrática, (es también anticomunista) antiliberal; de oponerse a la democracia de partidos, a la razón, a la pluralidad y a la pluralidad de ideas. Exalta el sentimiento y promueve la unidad del Estado, ante todo (es totalitario). Promueve en lo económico un tipo de capitalismo Corporativista, (en Bolivia el capitalismo andino, de economía comunitaria), El fascismo lleva a cabo una "estatización" de la política: adopta uniformes y lenguaje militar y le da un gran valor a los símbolos (whiphalas y ponchos rojos) y a las grandes concentraciones. Se opone al concepto de razón y desprecia o quema libros para demostrarlo. El Fascismo es fuerza, violencia y no de pensamiento racional. Los intelectuales son despreciados.

Entonces, también está claro que el Estado Boliviano, es en los hechos un recipiente del abuso de poder o de abuso de autoridad, o del ejercicio abusivo de una función pública. En democracia y en derecho, el abuso de poder no es otra cosa que la figura delictiva que comete quien investido de poderes públicos realiza en su gestión actos contrarios a los deberes que le impone la ley, por lo que aflige la libertad de las personas, las intimida o de cualquier manera causa vejámenes, agravios morales o materiales. En sentido estricto, debe entenderse como “el delito doloso” que comete el que actuando en calidad de funcionario público, o en las más altas funciones del Estado, dictare resoluciones u órdenes contrarias a las leyes nacionales o internacionales.

Convengamos que sin estado de derecho no existe democracia. En primer lugar, solo un buen gobierno reside en el Estado de derecho. Pero, sin la protección del Estado de derecho, una democracia puede caer rápidamente de la regla de la mayoría circunstancial a la regla de la masa convertida en muchedumbre. (Léase a Gustave Le Bon) Hay suficientes ejemplos, incluso en el mundo actual, que nos advierten de que las sociedades que carecen de un Estado de derecho eventualmente vivirán bajo el Estado de la jungla, donde el poder tiene la razón y quienes tienen el poder y las armas establecen las reglas.

Cuando aquellos que detentan este poder y autoridad actúan con arrogancia y con absoluto desprecio del espíritu del derecho internacional o contra el sentimiento público, se crea un clima de ausencia generalizada de derecho que, a la larga, genera muchos más problemas que los que soluciona. Un buen sistema de gobierno implica tolerancia, y la amplitud de espíritu que nos permite aceptar y adoptar una diversidad de creencias. Así como la tolerancia y la democracia van de la mano, la tolerancia es esencial en un estado de derecho y democracia.

La Separación de poderes, es fundamental en democracia si queremos evitar el despotismo. Si ésta institución no existe, estamos en un Estado Plurinacional de TOTALITARISMO FRENTE A LA DEMOCRACIA.
Periodistas piden al Gobierno garantizar libertad de prensa y principio del “suma q’amaña” para los indígenas del TIPNIS


El Gobierno debe cumplir con la Consulta Previa Obligatoria Constitucional y escuchar a los 
indígenas que marchan en defensa del TIPNIS para frenar la conflictividad creciente que ha 
derivado en agresiones contra periodistas y la libertad de expresión.

Utilizar eufemismos para disimular bloqueos que atentan contra el derecho a la protesta de los indígenas, publicitar el seguimiento a las conversaciones telefónicas de sus dirigentes, hostigar a los marchistas con acusaciones sin pruebas y amenazar a periodistas con procesos y torturas atroces no resuelven el conflicto, lo agravan y revelan una actitud autoritaria y de desacato a las normas básicas de convivencia democrática y preservación del Estado de Derecho.

La Asociación de Periodistas de La Paz, le recuerda al Gobierno que el derecho a la libertad de expresión y los derechos de los pueblos indígenas han sido constitucionalizados por voluntad popular y es deber del Gobierno acatar y cumplir ese mandato del soberano inscrito en la Ley de leyes.

La Constitución Política del Estado es muy clara en su artículo 30 de derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos que en su inciso 15 establece que los indígenas tienen derecho a “ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”.

Ese artículo constitucional también establece que “En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.

Además, el inciso 16 del mismo artículo establece el derecho “a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios”.

Para mantener coherencia con su discurso de defensa de la Pachamama, o Madre Tierra, el Gobierno debería recordar que el artículo 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas establece que “tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos”.

El inciso 2 del mismo artículo determina que “los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo”.

Al ser un Gobierno conducido por el primer presidente indígena de la historia, la Administración del Presidente Morales tiene el deber moral y legal de cumplir con el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes en la Organización Internacional del Trabajo, elevado a rango de Ley Nº 1257 el 11 de julio de 1991, que establece en su artículo 6 como deber: “a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Por tanto, exigimos de las autoridades y del Jefe de Estado, en particular, dejar a un lado la soberbia y acudir al diálogo conciliador para dar pronta solución a la justa demanda de nuestros hermanos que reclaman una vida digna amparada por el principio del “suma q’amaña”.

Sin Libertad de Expresión No Hay Democracia 

Por unanimidad, la CONARE, rechazó el pedido de revocatoria  presentado por el Fiscal General boliviano Mario Uribe

  1. En sesión realizada en la tarde de ayer (martes 14 de junio de 2011), los integrantes de la Comisión Nacional de Refugiados del Paraguay (CONARE) rechazaron, por unanimidad de sus miembros, el pedido de revocatoria que interpuso el Fiscal General de Bolivia Mario Uribe en contra del Refugio que el Estado paraguayo le había otorgado al Gobernador electo de Tarija Mario Cossío Cortez en enero de 2011; quien, luego de ser derrocado del cargo al que accedió por voto popular con el 50% de los votantes, fue reconocido como perseguido político del régimen de Evo Morales, gozando desde ese entonces de protección internacional en el marco del Tratado de Viena de 1951 sobre los Derechos Humanos y su Protocolo de 1967.

  1. La solicitud presentada por el Estado boliviano fue rechazada de plano, “por improcedente en la forma como en el fondo”, tal como reza el texto de la resolución; desechándose con ello los argumentos esgrimidos por el régimen de Evo Morales que había argumentado supuestas denuncias judiciales en contra del Gobernador.

  1. Mario Cossío es uno de sus principales opositores al régimen de Morales y uno de los referentes de la política boliviana y como tal argumentó una persecución política en su contra.

Con esta decisión del estado Paraguayo, ganó la posición de Cossío, quien califica de régimen totalitario y de dictadura al gobierno de Evo Morales. Para la CONARE lo acontecido con el Gobernador Cossío se trata de una típica persecución política y no encontró fundamento en las denuncias sobre supuestos temas judiciales o hechos de corrupción que argumentó el Fiscal Uribe. Más aun sin sobre el mencionado líder no pesa ninguna sentencia condenatoria en su contra.

En muchas oportunidades el mencionado Gobernador señaló que las denuncias de corrupción son un disfraz con el cual el gobierno opera para perseguir y defenestrar a todos sus opositores; aludiendo además que integrantes del poder judicial y del ministerio público han sido designados a dedo y por decreto del Poder Ejecutivo, violando la Constitución y precisamente para ese propósito. Y que a partir de ello, además de los gobernadores departamentales opositores, también se encuentran perseguidos alcaldes, parlamentarios, líderes de partidos políticos, líderes cívicos y sociales, muchos de los cuales se encuentran en las cárceles, o con múltiples denuncias y juicios, o en el exilio en diferentes países.

  1. Mario Cossío recordó que esa implacable persecución del gobierno de Evo Morales en contra de todos sus opositores, derivó en que varios de ellos se encuentren hoy encarcelados y sin juicio, como el caso del Gobernador de Pando Leopoldo Fernández; o el del recientemente apresado Presidente de la Asamblea legislativa Departamental de Santa Cruz, Alcides Villagómez. O el caso del Gobernador del Beni Ernesto Suárez, también opositor, quien se encuentra con arresto domiciliario. Y también del propio Gobernador opositor de Santa Cruz, Rubén Costas, quien también afronta una serie de denuncias penales.
Coincidentemente esos son los 4 gobernadores autonomistas que libraron una dura batalla con el Gobierno del Presidente Evo Morales en su lucha por conquistar autonomía para sus departamentos y para los demás departamentos de Bolivia.

También denunció que la persecución llegó a su familia, cuyo hermano Pablo se encuentra detenido desde hace ocho meses sin prueba alguna, al igual que otros parientes cercanos. De igual modo señaló que esa persecución afecta a sus más estrechos colaboradores de su gestión de Gobernador, algunos de los cuales se encuentran detenidos, otros procesados y otros también en el exilio. Es el caso de su estrecho colaborador Rubén Ardaya, a quien también la CONARE concedió la condición de Refugiado, en la misma sesión del día de ayer.

  1. No deja de observarse el marcado interés del Gobierno de Evo Morales en el Gobernador tarijeño Mario Cossio, pues con anterioridad destacó a la Ministra de transparencia Nardi Suxo al Paraguay para intentar evitar la concesión del refugio político; luego fue el turno del Fiscal General Mario Uribe; y también se comenta en los medios políticos y de opinión paraguayos que el Vicepresidente Alvaro García Linera y el propio Presidente Evo Morales, en sus recientes visitas al Paraguay, habrían gestionado y presionado por la revocatoria del status jurídico de refugiado del político boliviano hoy exiliado en ese país.

  1. Esta segunda decisión favorable al Gobernador Cossío, en la cual Paraguay hizo prevalecer su soberanía, se convierte a la vez en la segunda derrota política internacional del Presidente Evo Morales en este caso; dejando en evidencia cuando menos marcadas dudas ante la comunidad internacional sobre la situación de la democracia en Bolivia.

15 de junio de 2011
El Frente Revolucionario de Izquierdas (FRI) presentó ayer las conclusiones del VI Congreso Nacional en el que se determinó activar todos los mecanismos para retornar a la escena electoral a través de la conformación de un Frente Alternativo como “verdadera alternativa de gobierno popular”.

El carismático Óscar Zamora Medinaceli, “Motete”, alcalde, prefecto, ministro, diputado, embajador y todos los demás cargos que se puedan imaginar no descansa en su afán político y para ello se ha puesto a trabajar sin pensar en sus casi ochenta años, que cumplirá en enero, consciente de que cuenta con equipo de respaldo.

En la conferencia, los personeros del FRI recordaron que son un movimiento de izquierdas capaz de llegar a acuerdos, por lo que no descartan ninguna alianza de entre los candidatos ya oficiales, sin embargo, no confirmaron la alianza con el Frente Amplio de Unidad Nacional, que ya ha sumado a “históricos” como Loyola Guzmán y mostraron mayor entusiasmo por la emergencia del partido político de la Central Obrera Boliviana, que está tardando más de lo previsto en arrancar. La respuesta se conocerá en próximas fechas.

Por otro lado, no se pronunciaron sobre sus intenciones de cara a las elecciones departamentales, en las que en 2010 concurrieron en coalición con Camino al Cambio y el Movimiento Nacionalista Revolucionario. La reedición de este acuerdo se ve difícil y en cualquier caso, es independiente a la decisión que se tome a nivel nacional.

“Nosotros reivindicamos a la izquierda democrática”.


El Frente Revolucionario de Izquierda, FRI, reeligió a Oscar ‘Motete’ Zamora Medinacelli como presidente nacional de este partido en el Congreso efectuado en esta ciudad con la presencia de delegados de todo el país.

Como vicepresidente fue elegido, Edgar Guzmán Jáuregui quien informó que además componen la directiva representantes de Santa Cruz y La Paz, no precisó nombres, destacó la reelección de ‘Motete’ que además es fundador de este partido.

“Asistieron más de 180 delegados de todos los Departamentos, exceptuando Beni y Pando, es una cantidad considerable, vinieron todos los jefes departamentales”, informó al asegurar que el FRI se fortaleció orgánicamente.

El FRI va a presentar una propuesta de frente alterno a todas las fuerzas políticas que estén con los principios democráticos y que tengan similitud entre los programas políticos e ideológicos.

En el marco de esos principios van a seguir avanzando no solamente al 2014, sino más adelante, agregó para indicar que merece un análisis más profundo la posibilidad de ser parte de un frente amplio como plantean líderes de oposición.

Guzmán Jáuregui negó que estén barajando algún nombre para candidato presidencial, consideran que tiene que ser un hombre de consenso, que unifique no sólo en función “a la unidad por la unidad”, sino que represente la línea político ideológica del FRI.

“Consideramos que tienen que ser hombres nuevos”, afirmó al asegurar que este martes en conferencia de prensa van a proporcionar más detalles del Congreso y las conclusiones logradas./Diario Nuevo Sur

El histórico líder del Frente Revolucionario de Izquierda, Oscar Zamora Medinaceli, a través de una carta pública dirigida a la agencia de noticias FIDES, expreso su rechazo al juicio iniciado por el gobierno contra esta agencia, ademas de los matutinos El Diario y Pagina Siete.


"Debo expresar mi más firme rechazo a las acusaciones que formula el Gobierno en su contra como Director de ANF y de los periódicos nacionales El Diario y Pagina Siete de una supuesta “tergiversación” del infausto discurso que pronunció el Sr. Presidente el 15 de agosto pasado y de un supuesto delito de “difusión e incitación al racismo o la discriminación”, introducida por los actores gubernamentales." señala la misiva de Motete Zamora, señalando que: "Al iniciar un juicio penal, el Gobierno ha roto con 30 años de democracia, según la cual las gestiones anteriores, incluso las menos populares, jamás denunciaron penalmente a medios de comunicación o periodistas.". 


El gobierno presentó ante la justicia una demanda penal contra la católica Agencia de Noticias Fides (ANF) y los periódicos privados El Diario y Página Siete por reproducir unas polémicas declaraciones del presidente Evo Morales, que -según el Ejecutivo- fueron distorsionadas.


A raíz de las palabras de Morales, ANF tituló "Evo dice que si se hambrea en oriente es por flojera", Página Siete publicó "Evo acusa de flojos a los habitantes del oriente", mientras que El Diario señaló que "Morales opina que el oriental es flojo y le critican por discriminador".


A continuación la carta integra dirigida a la ANF.

Tarija, 28 de agosto de 2012

Rvdo. Padre José Gramunt de Moragas, S.J.
DIRECTOR DE LA AGENCIA DE NOTICIAS FIDES ANF.

De mi mayor consideración:
Aprovecho la oportunidad para manifestar mi total solidaridad con los periodistas de la Agencia de Noticias Fides ANFy con Usted en su condición de responsable de ese medio informativo, expresión que se hace extensiva a todos los medios de comunicación del país, sobre todo a aquellos prestigiosos periódicos nacionales como El Diario y Pagina Siete que soportan el ataque inmisericorde desde los ámbitos del gobierno presidido por Evo Morales.

Señor Director, el país entero: los bolivianos y las bolivianas de todos los estratos sociales, asistimos azorados viendo como las libertadas democráticas conquistadas por el pueblo boliviano, la libertad de expresión fundamentalmente, son mancilladas y pisoteadas por el gobierno actual, llegando al extremo de la criminalización de la actividad periodística. El gobierno lamentablemente ha olvidado que esas conquistas logradas con sacrificio, luto y dolor son también obra de los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación del país. En ausencia de esa noble y valerosa actitud de la prensa, el pueblo de Bolivia difícilmente habría podido arrancar de las dictaduras, la ansiada democracia.

Lo más asombroso, es la actitud despiadada e insolente del gobierno, que se atrevió a desconocer ese valor y entrega de los medios de comunicación, fundamentalmente de la Iglesia Católica, esas páginas de historia,de luchas democráticas escritas con sangre y luto, deberían ser más bien respetadas en todo momento y circunstancia por los actuales gobernantes. Parece que desde Palacio, se pretende hacer que los bolivianos olvidemos ese rol protagónico de la prensa en la historia de Bolivia, que la Iglesia es parte indisoluble de las luchas de este pueblo y su democracia conquistada; que ha sabido ofrendar a sus mejores hombres como el R.P Luis Espinal en esos campos de batalla por la dignidad, la libertad y la democracia.

Coincidimos con Usted Rvdo. Padre Gramunt, cuando considera que el gobierno está empeñado en arrastrar a la prensa boliviana a una especie de‘circo romano’, utilizando el artilugio del ‘racismo y la discriminación’ pretendiendo convertir en una figura de delito penal el ejercicio de la labor periodística, desconociendo de facto, la propia CPE aprobada por ellos mismos; los acuerdos y normas internacionales de los derechos humanos, la libre expresión y la Ley de Imprenta en vigencia.El gobierno es incapaz de respetar y hacer respetar el Art. 106 de la Carta Magna que establece: “El Estado garantiza a las bolivianas y a los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica el derecho a emitir libremente las ideas, por cualquier medio de comunicación, sin censura previa”.

Debo aseverar con toda convicción democrática, que el artificio expresado por los operadores gubernamentales a su medio periodístico prestigioso y los periódicos bajo ataque oficialista: “generan un enfrentamiento y consecuentemente un odio racial y discriminación entre bolivianos”, “poniendo en peligro la unidad del Estado nacional”; es a las claras, un flagrante uso y abuso del poder que ostentan, utilizando reitero, la artimaña de la ‘criminalización’ para consumar la violación a la libertad de expresión en el país.

Señor Director, por supuesto que el propio presidente Evo Morales, sabe exactamente lo que dijo y quiso decir en su discurso de Tiwuanacu el pasado 15 de agosto. Otra cosa es que el presidente no dé la cara para ratificar sus afirmaciones, pero, instruya a sus intérpretes ministeriales que: al más puro estilo de los gobiernos fascistas, dictatoriales, con expresiones de violencia y odio, `interpreten al Presidente’ frente a las cámaras.

Los bolivianos, quienes conocemos de sus intenciones, la retórica y práctica política contradictoria del propio Presidente Morales; de su falta de visión democrática de país y respeto con quienes no comulgan con el régimen que preside. Está ocupado tendiendo cortinas de humo para ocultar sus afanes electoralistas y su incapacidad para gobernar con sabiduría y equidad a los bolivianos. Son innumerables sus desavenencias: Criminalizó los resultados electorales cuando los escrutinios no le favorecían. Destituyó a gobernadores opositores elegidos por el pueblo. A cambio, reciben premios los autores intelectuales del brutal ataque a los indígenas del TIPNIS en Chaparina, Actualmente, continúan en la cárcel sin juicio legal ni sentencia, varios bolivianos autoridades y cívicos. El desprecio para con los luchadores por la democracia. Cuantos bolivianos están en el exilio o fuera de su país y otros en las embajadas esperando salvoconductos.

Como apunta Usted señor director: el gobierno debe ocuparse de resolver los problemas de la gente y no pretender imponer la uniformidad de las conciencias, el pensamiento único, por medio de la criminalización de la libertad de opinión. De ocuparse de la Pachamama, de la lucha contra el narcotráfico, de la seguridad jurídica, de las inversiones, de la paz social. Y dejar que la prensa independiente cumpla su misión con libertad y responsabilidad. No pretender confiscar las voluntades individuales al servicio de la voluntad del jefe y de su grupo hegemónico. Cuánta razón tiene la prensa, cuando observa que la democracia esta peligro por la enorme corrupción y el narcotráfico que circulan campantes en el país.

Debo expresar mi más firme rechazo a las acusaciones que formula el Gobierno en su contra como Director de ANF y de los periódicos nacionales El Diario y Pagina Siete de una supuesta “tergiversación” del infausto discurso que pronunció el Sr. Presidente el 15 de agosto pasado y de un supuesto delito de “difusión e incitación al racismo o la discriminación”, introducida por los actores gubernamentales. El Gobierno del MAS, por eso, con esta acción, está llevado al país a épocas anteriores a la democracia, cuando las dictaduras se ensañaban contra los medios y todos los sectores que disentían de las decisiones que se tomaban. Al iniciar un juicio penal, el Gobierno ha roto con 30 años de democracia, según la cual las gestiones anteriores, incluso las menos populares, jamás denunciaron penalmente a medios de comunicación o periodistas.

Pero hay más para señalar en este tema, en Bolivia, pese al gobierno, la Ley de Imprenta está vigente, Ley que tendría que ser utilizada para ver si las publicaciones entrañaron o no un delito. Sé que el oficialismo está empeñado en continuar con la ola de amedrentamientos a los medios de comunicación y luego estos se autocensuren para evitar que el pueblo esté informado de las acciones y declaraciones de los actores gubernamentales y no se informen sobre ellas. La autocensura será entonces la forma más terrible de conculcación a la libertad democrática de expresión y a la prensa no le quedará otro camino que callar su voz.

Señor director, finalmente reitero mis expresiones de apoyo y solidaridad con la valiente prensa boliviana y estima personal. Reitero también mi compromiso de defender con todas mis fuerzas las libertades democráticas conquistadas por el pueblo boliviano hoy pisoteadas por este régimen represivo.


Atentamente.-


Dr. Oscar Zamora Medinaceli
EX SENADOR DE LA REPUBLICA
PRESIDENTE DEL FRENTE REVOLUCIONARIO DE IZQUIERDA
FRI